· Las recetas pasarán a costar entre un 10% y un 60% más, según renta o situación laboral.
· El objetivo es la
modificación de la financiación de la sanidad pública y no de carácter
"recaudatorio", porque tiene un "escaso impacto económico",
expresó Ignacio González.
· “si el Gobierno se preocupase más en recortar
en duplicidades administrativas y en perseguir el fraude fiscal, no haría falta
esta medida” – José, policía municipal Comunidad de Madrid.
Mientras me organizaba para plantear y dar forma al siguiente
reportaje, me llegó al recuerdo la novela Mujercitas
de Louise May Alcott. En ella, con el marco de la Guerra Civil Norteamericana
en pleno apogeo, cuatro jóvenes y su madre tienen que hacer frente a las
vicisitudes de una familia “tipo” del momento, pero sin contar con padre y
marido correspondientemente ya que está en el frente, y unos ingresos muy
escasos. Estas dos situaciones llevan a lo largo de la novela a Josephin, la hermana mayor, a elegir
como su acompañante y futuro
marido Theodore Laurence, un joven apuesto y de clase media alta, al que
no ama pero que está dispuesto a colaborar con la familia económicamente. Y los
más importante, pagar los medicamentos
Elizabeth, la tercera hermana en discordia, que contrae escarlatina.
Con dicha imagen en nuestro recuerdo como símil al tema que vamos a
analizar, y que más adelante volveremos a citar, nos centraremos primero en
cómo nos afecta a todos la imposición del copago sanitario en un país donde
está reconocida constitucionalmente la universalidad de la sanidad pública y
gratuita para los ciudadanos que la componente.
En primer lugar, esta propuesta obtuvo la forma necesaria para su
puesto en funcionamiento cuando el Presidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, sacó el hacha de los recortes y anunció la creación de una
nueva tasa de un euro por cada receta expedida el pasado mes de octubre, el
conocido copago farmacéutico (aunque sería más correcto hablar de “repago
farmacéutico”, como afirmó el propio presidente durante la citada sesión el
parlamento de la comunidad). Así, La Comunidad de Madrid es, después de
Catalunya, la segunda comunidad que cobrará un euro por receta médica, con el
fin de reducir el gasto farmacéutico.
Esta tasa, que entró en vigor el 1 de julio del pasado año con objetivo
la modificación de la financiación de la sanidad pública, y no de carácter
"recaudatorio", porque tiene un "escaso impacto económico"
como expresó Ignacio González, afectará de la siguiente manera a los ciudadanos
que, de por sí, ya pagan en sus impuesto vía IRPF un porcentaje adscrito a la
seguridad social, a la sanidad pública y gratuita.
Así se acaba la gratuidad de los medicamentos y expedición de recetas
para los jubilados madrileños. Estos pasarán de no pagar nada por los
medicamentos a abonar entre un 10 y un 20% dependiendo de su renta. Los
trabajadores en activo también pagarán más. De un 40% del coste total del
medicamento pasarán a pagar entre un 50 o 60% del total en función de sus
ingresos. Además, alrededor 420 medicamentos dejarán de tener financiación
pública y el paciente tendrá que pagar el coste total de dicho producto, salvo
excepciones de intervención hospitalaria o enfermedades crónicas en las que se
pagará como máximo un porcentaje del 10%.
Como comentamos, esta medida contempla la renta del ciudadano para dar
forma a la cantidad del copago de los medicamentos que necesite o le sean
recetados en base a la siguiente cantidad de renta:
-
Menos de 18.000 euros: 40% del valor del
medicamento.
-
A partir de 18.000 euros: 50% del valor del
medicamento.
-
Más de 100.000 euros: 60% del valor del
medicamento.
¿Cómo entonces saber qué porcentaje le
corresponde pagar a cada ciudadano? ¿En necesario entregar anualmente los
documentos de nuestra renta para poder obtener un bore de aspirinas? No, no se
preocupen, porque también han pensado en ello. Esta norma implica la
implantación de nuevas tarjetas sanitarias que incluyan los datos tributarios
de cada uno. De esta manera cuando se acuda a la farmacia le cobrarán lo que
corresponda según sus ingresos. No quedan flecos sueltos si es lo que en algún
momento hemos pensado.
Como hemos expresado en párrafos anteriores, el copago sanitario se
plantea con un doble argumento, a saber, por una parte frenar el gasto público
y de esta manera sanear las cuentas del Sistema Nacional de Salud. Con esta
medida el Gobierno aspira a conseguir un ahorro de más de 3.000 millones de euros.
También se busca reducir las visitas innecesarias al médico y el coste que
suponen al Estado.
Personalmente, me quedaba con la duda de cuál sería la opinión de los
profesiones del campo de la medicina, especialmente aquellos que se dedican a
lo que se ha conocido siempre como medicina de familia, o médico de cabecera. Una encuesta llevada
a cabo por la Sociedad Española de Médicos de la Atención Primaria revela que
el 86% de estos facultativos se muestra a favor de instaurar “alguna forma de
copago”. Opinan que es necesario para reducir las consultas no necesarias y para
contribuir a la financiación del Sistema Nacional de Salud. Y esta misma
encuesta, cuyos datos están disponibles en la página de la sociedad, recoge que
el 47% de los médicos preguntados opinan que lo mejor es cobrar por cada
consulta, y el 33% por cada visita innecesaria al médico.
Por lo que vemos, en el oficio de la medicina existe una opinión
conjunta, más positiva que negativa, referida al copago financiero. Pero con
una subtrama de la que nadie se ha atrevido a hablar, como profesional de la
medicina, y mucho menos de carácter político de nuestro país. Esta es el
despilfarro económico en el campo de la sanidad. Así como en el resto de
sectores de la gestión pública.
Es por ello que, como de costumbre en el empleo de la profesión del
comunicador, buscamos la información en la calle y no en las fuentes cercanas a
las instituciones. Así, personalmente me aventuré en mi bar de costumbre para
conocer la opinión del respetable.
Como resumen os diré que unos se postulaban a favor y otros en contra.
Sin embargo despertó en mí la opinión de un joven que ocasionalmente frecuenta
dicho Bar. José, policía municipal de Madrid, comentó lo siguiente: “No se debe cobrar por receta. Se deben
racionalizar los medicamentos y recetar los que se necesiten. Eso es ahorrar,
evitar que los domicilios tengan más medicamentos que las propias farmacias. Si
el Gobierno se preocupase más en recortar en duplicidades administrativas y en
perseguir el fraude fiscal, no haría falta esta medida”.
Acto seguido de escuchar la opinión de José, afirmé rápidamente en mi
interior su declaración. Y lo hice porque la realidad social y política de
nuestra actualidad así lo refleja. Es decir, en pleno siglo XXI, después del
enamoramiento global que supuso durante los pasados dos siglos anteriores la
llegada de las democracias y la creación de los estados del bienestar, ha
llegado el momento tras la aguda crisis que nos acaece menos cavar ese trabajo
construido por generaciones y que se ha enfrentado a diferentes terremotos
sociales, como guerras, dictaduras, reformas e imposturas políticas.
Empezando por que se trata de una medida con carisma ilegal, ya que,
como recoge nuestra Constitución, así como la Ley Fiscal de España, no se puede
grabar dos impuesto sobre un mismo bien o servicio. Hecho que ocurre en la
imposición de la tasa del copago sanitario, por la que pagamos los madrileños
por dos vías distintas ahora, y por lo cual se ha elevado al Tribunal
Constitucional. Como también ocurre con el debate de los parquímetros, ya que
pagamos en la compra de un vehículo el impuesto de circulación, y sin embargo
después estamos obligados al circulas con él, pagar su estacionamiento.
A tenor de lo expuesto hasta ahora, y ya que hemos mencionado la
temible palabra “crisis”, podría olvidarnos de las connotaciones negativas de
esta media y pensar como bueno ciudadanos, “bueno, todo sea por arrimar el
hombre y salir del hoyo”. Y esto podría ser así porque, en cierta medida las
cifras en Cataluña han acompañado la medida, ya que en los 11 primeros meses de
2012 se gastaron 1.190 millones menos que en el mismo periodo de 2010. Lo que
conllevó una recaudación de 50 millones por el euro por receta.
Pero de nuevo sobrevolaron mi cabeza las palabras de José cuando decía
“si el Gobierno se preocupase más en recortar
en duplicidades administrativas y en perseguir el fraude fiscal, no haría falta
esta medida”. Y es que esta es la gran verdad que se escucha en la calle, y
en la que todos, sin importar nuestros ideales político u opiniones personales
sobre gobiernos presentes o pasados, estamos de acuerdo. Se está recortando en
inversiones al I+D de España, en hospitales, en servicios públicos para los más
necesitados, en infraestructura, en educación superior así como en otros muchos
campos imprescindibles para el correcto desarrollo económico de un país. Pero
lo aceptados por la situación que vivimos. De la misma manera, este dinero
recortado, se ha desviado en cierta medida a la financiación del sector
financiero del país, también imprescindible para recuperación económica. Y,
aunque con grandes vacios informativos por parte de las instituciones del
Estado, las hemos aceptado.
Pero donde no se ha recortado con demasiado entusiasmo es la duplicidad
de órganos públicos y empresas del mismo carácter, que viven de los mismo
presupuestos del resto de sectores, así como de nuestro bolsillos. No se ha
recortado el sueldo de en lo que se han convertido los políticos, una clase
paralela al resto de la sociedad, y que suponen un enorme gasto tanto
económico, como social y moral a estas alturas de la situación del país.
Aunque con propuesta planteada, tampoco se ha recortado a gran escala
en la financiación de los partidos políticos, de los sindicatos, de las
fundaciones estatales y de otros organismos de carácter político. Pero si se
subió el IVA, no solo para los artículos de lujo, sino para todos, hasta los de
primera necesidad como son nuestros protagonistas, los medicamentos.
Y tampoco han mostrado tanto interés, como comentaba nuestro ya amigo
José, en perseguir con el mismo auge el fraude fiscal, la salida de capitales,
la economía sumergida y el blanqueo de capitales como si lo han hecho en mermar
los derechos de todos nosotros a disfrutar de una sanidad gratuita.
Si señores, derechos. Porque disfrutar de una atención sanitaria de
calidad y gratuita séase el individuo un jubilado, o un pequeño de tres años,
es un derecho por el que en este país se ha luchado mucho. Y así lo refleja
nuestra historia reciente.
No seré yo quien niegue que sea cierto que se ha despilfarrado en el
sector sanitario. Y que en muchos términos los ciudadanos hemos abusado de este
sistema. Pero estas situaciones se han de corregir, no de castigar. Ya que en
definitiva, son los componentes de un estado, sus ciudadanos, los que de buena
ganan construyen y mantiene a este.
Es por ello que las instituciones deberían centrar estos esfuerzos en
generar un circulo sanitario sostenible, fomentado el uso responsable del
mismo, y no una media “disuasoria” como recordamos manifestó Ignacio González.
Así, mientras llega este día en el que la clase política centra la
atención en el buen hacer y no en los argumentos banales, tendremos que, como
hizo la joven Josephin en la novela
de Mujercitas, buscarnos un
acompañante de nivel, dispuesto a financiar los medicamentos de nuestra
familia, aunque sea solo por el interés.
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